El estado de sitio es una medida excepcional que puede declarar un gobierno cuando enfrenta una situación muy grave, como una guerra, una rebelión interna o una crisis que pone en riesgo el orden del país.
No se aplica en tiempos normales, sino solo cuando las autoridades consideran que los mecanismos habituales ya no son suficientes para controlar la situación.
Cuando se decreta, el poder del Estado suele concentrarse más en el gobierno central o en las fuerzas de seguridad. Esto puede incluir la participación directa del ejército en tareas de control interno y la adopción de decisiones rápidas para restablecer el orden.
Se caracteriza por la limitación temporal de derechos y libertades, como la libre circulación, las reuniones públicas o ciertas garantías judiciales.
El estado de sitio suele estar regulado por la Constitución o las leyes de cada país, que establecen quién puede declararlo, por cuánto tiempo y bajo qué controles.
En términos simples, el estado de sitio es una herramienta legal de emergencia: busca proteger al Estado y a la sociedad en momentos críticos, pero también genera debate, ya que implica un delicado equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos fundamentales.
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